La Constitución Española cumple estos días 30 años, un proyecto común construido desde la concordia que nos ha permitido conseguir los mayores niveles de libertad, progreso y bienestar de nuestra historia.
Algunos parecen no estar conformes y se empeñan una y otra vez en romper el pacto que ha garantizado nuestra convivencia, intentando reabrir nuevas heridas o avanzando en sus reivindicaciones nacionalistas provocando una permanente confrontación.
Estos días hemos tenido ejemplos más que suficientes.
El primer caso ha sido ante la delirante propuesta del Juez Garzón de iniciar un proceso de reapertura de las heridas del pasado, poniendo en peligro la reconciliación nacional y la paz social, sellada con la Ley de Amnistía de 1.977.
Un grave error que la fiscalía se encargó de enmendar con un contundente auto en el que no sólo cuestionaba su competencia si no que además argumentaba la sinrazón de abrir causas sobre delitos ya prescritos provocando una grave inseguridad jurídica y una total indefensión.
La argumentación de la fiscalía fue tan sólida, aleccionadora y contundente que no dejó lugar a dudas. La causa no podía prosperar y así lo ha ratificado después la Justicia.

Otra resolución judicial ha puesto fin al reiterado desafío de instituciones gobernadas por nacionalistas que se negaban a cumplir la Ley de Banderas, argumentando una política de hechos consumados, que no se hubiera tolerado durante tanto tiempo en ningún país del mundo.

Hace unos días, otra sentencia, dictada contra una resolución del controvertido Consell del Audiovisual de Cataluña, dejaba sin argumentos a los impulsores de un spot publicitario que pretendía demostrar el artificial victimismo del deporte catalán al no poder disponer de selecciones deportivas propias.
La razón no es otra que, la legalidad vigente impide tener selecciones a quien no tenga reconocimiento internacional ni condición de estado independiente y Cataluña pese a los delirios independentistas y la virtualidad institucional en la que vive instalada creando embajadas, no tiene tal consideración.

Un varapalo ejemplar que debe tener sus consecuencias tanto para la resolución injusta del CAC, como para quienes utilizan dinero público, dinero de todos para sus reivindicaciones políticas, partidistas e identitarias que nada tienen que ver con el interés general de los catalanes.
Quizá valga la pena recordar que la “Plataforma Pro selecciones deportivas catalanas”, recibe del erario público catalán un total de 1.200.000 €, a lo que hay que sumar el coste del local desde el que trabajan, usando como sede un palacete en el centro de Barcelona, dinero que sale del bolsillo de todos los catalanes y que ha sido destinado a un spot publicitario declarado ilegal porque contiene publicidad prohibida, incita a la discriminación de los menores, fomenta conductas contrarias a la convivencia y tiene una contundente carga política.
Alguien en el gobierno catalán deberá responder por ello.
Es preciso recordar que el deporte español ha vivido en el último año sus más importantes triunfos en todas las disciplinas deportivas de las que han participado con éxito y naturalidad deportistas catalanes que se sienten orgullosos de representar a España en sus distintas selecciones y así lo manifiestan públicamente con total libertad, rechazando las tentaciones reivindicativas que a menudo les tientan. Basta recordar los éxitos de la Eurocopa, el Mundial de baloncesto, el medallero olímpico o los diversos campeonatos de tenis, algunos de ellos provocando una contundente expresión de júbilo público en Cataluña muy difícil de contener e incomprensible para quienes quieren politizar el deporte con fines partidistas.
Los deportistas catalanes han dado una lección, de profesionalidad y de neutralidad que les honra pese a que muchos se han tenido que oír críticas injustas, pero han sabido defender la idea de que el deporte es sólo una limpia competición que exige dedicación, constancia, esfuerzo, resistencia física y mucha profesionalidad alejada de distorsiones y connotaciones políticas de las que ellos no van a participar pese a que algunos insistan.
Las dos resoluciones judiciales, se unen a otras muchas que ponen de manifiesto, que tanto ante los que quieran romper la convivencia por deseos de venganza, o a los que quieren pervertir el deporte por delirios independentistas para que se dé carta de naturaleza a lo que no lo es, no va a quedar impune siempre que exista alguien con el suficiente arrojo para denunciarlo.
Ante las contundentes resoluciones judiciales, tenemos que exigir responsabilidades y está claro que ante la sinrazón política siempre nos quedará la justicia.