Desde que gobierna el tripartito, elaborar leyes sobre cualquier cosa se ha convertido casi en una obsesión. Legislar es la mejor manera de demostrar la obra de gobierno, aunque no sirva para nada.
La cuestión es hacer una ley catalana, en catalán y decir que somos pioneros, aunque no exista materia que regular.
Están en trámite, casi una veintena de leyes prescindibles y tan intervencionistas que tienden a recortar cada vez más nuestro espacio de libertad, incluso a inmiscuirse en la intimidad familiar.

Así será el libro II del código civil catalán, si no se enmienda y que ha provocado ya innumerables reacciones contrarias a algunos aspectos de su contenido.
La Consellera de Justicia presume que el texto, es uno de los menos intervencionistas, pero de él se desprenden las concesiones a determinados colectivos, muy activistas pero poco realistas, que la han hecho caer en el ridículo al tener que reconocer públicamente que algunas de las normas que contiene son imposibles de cumplir.
Y es que el código pretende regular, aspectos de la esfera más intima y personal de las relaciones familiares en las que nadie tiene derecho a inmiscuirse puesto que forman parte de las normas de convivencia entre los miembros de una familia.

Entre algunas de las obligaciones que establece el nuevo código, está la de repartir las tareas domésticas “por ley”, es decir, el reparto equilibrado de las horas de plancha, del cambio de pañales, o quien hace la cena.
No habrá otro país en el mundo más pionero en legislar sobre ésta cuestión.

Otro de los aspectos que ha suscitado mayor asombro es que se establezca un “calendario obligatorio de confesiones”, por el que hay que comunicar a los hijos no biológicos que son adoptados antes de los doce años, edad especialmente sensible para los niños, lo que constituye una injerencia en las relaciones padres-hijos que pertenecen a la intimidad familiar.

El deber de los padres, en este caso debería transformarse en el derecho de los hijos a conocer su origen, si así lo desean, a la edad que ellos mismos consideren más oportuno.
Y otra cuestión. Bien está que las nuevas generaciones de padres divorciados quieran participar activamente en todo cuanto concierne al futuro de sus hijos, pero no creo que lo más conveniente sea pre-diseñar un plan que incluya su itinerario educativo, puesto que su futuro dependerá en gran medida de su capacidad y de su esfuerzo y muchos objetivos pueden verse superados o frustrados.

La nueva legislación resulta del todo prescindible, constituye una injerencia intolerable en la intimidad familiar, y sólo se explica por la obsesión por controlar nuestro ámbito privado con la excusa de que es una “pionera conquista social”.

El Presidente Montilla afirmó durante el debate de política general que en materia educativa el gobierno catalán había hecho un gran esfuerzo inversor.
Esta afirmación como tantas otras contrasta con la dura realidad.
Cataluña es la comunidad que invierte menos en educación, y está a la cola del resto de comunidades autónomas. La Generalitat ha invertido durante el 2008 una media de 4.088,00 euros por alumno, muy por debajo de las comunidades más inversoras que destinan a sus alumnos casi 6.000 € anuales. Pero todos sabemos que el dinero no compra buenos resultados académicos y los nuestros siguen estando bajo mínimos.

La poca eficacia del gobierno catalán en la ejecución de presupuesto educativo queda de manifiesto puesto que en Catalunya existen más de novecientos barracones repartidos por todo el territorio, en los que se escolarizan a miles de alumnos en condiciones precarias. Dato que contrasta con el de otras comunidades que como Madrid, tienen tan sólo veintisiete barracones y ninguno de ellos se encuentra en Madrid capital.

La educación ha estado sometida en los últimos ocho años a un sin fin de reformas legislativas que han dejado al profesorado absolutamente desconcertado.
A la derogación sin más, de la Ley de Calidad, tan sólo justificada por intereses partidistas, sucedió una reforma, la actual LOE, cuyo proceso de negociación fue tan nefasto que le costó el cargo a la Ministra.
Las leyes diseñadas desde la izquierda rara vez han servido para mejorar la calidad de nuestra educación, la mejora del rendimiento escolar de nuestros alumnos y su formación como personas.

Pero en Cataluña no hemos tenido suficiente y aprovechando la voracidad competencial del gobierno tripartito vamos a tener ley propia.
Por ello hemos perdido dos años más en la elaboración de una ley que ha suscitado el rechazo mayoritario de toda la comunidad educativa, cuya indignación se canalizó a través de 200.000 alegaciones al texto que no hicieron recapacitar al autor.

Sobre la mesa está para debatir el nuevo texto, excesivamente reglamentista, por que regula hasta el detalle el sistema de gestión educativa.
Excesivamente intervencionista, por que sitúa a la educación publica como único referente, limitando la creación de escuelas de iniciativa social, y porque vulnera sistemáticamente la libertad de opción educativa de las familias, mediante la planificación, la zonificación y la asfixia económica de las escuelas concertadas, con el fin de asimilarlas en una única red, pública y laica.

En definitiva un modelo muy alejado del que sería deseable para que nuestros hijos se formaran adecuadamente y pudieran así responder a los retos profesionales y personales del futuro.

El Partido Popular ha hecho siempre de la educación uno de los ejes fundamentales de su proyecto político, por ello lejos de conformarnos, estamos dispuestos a dar la batalla en la educación presentando nuestro propio modelo educativo basado en los principios de libertad y de calidad.
En pleno siglo XXI, no podemos recuperar formulas trasnochadas y fracasadas.
La educación no es única, puesto que la variedad de opciones educativas diversifica el sistema, se adapta a la libertad de opción educativa de las familias según su ideario, y permite desarrollar proyectos educativos diferentes de acuerdo a las expectativas y habilidades de cada alumno.
Tampoco puede ser únicamente pública por que las leyes reconocen el derecho a crear centros de iniciativa social.
Y no puede ser únicamente laica por que nuestro país tiene una larga tradición histórica de educación religiosa, cuyos centros han sido referentes de transmisión de conocimiento y que ha formado a muchas de nuestras generaciones.
El planteamiento es diferente. El modelo educativo debe basarse en los principios de libertad y calidad.

Libertad sin adoctrinamiento, para elegir opción educativa conforme a nuestros principios y convicciones, libertad para elegir el centro educativo en el que queremos escolarizar a nuestros hijos, libertad para decidir en que lengua queremos escolarizarlos, sin imposiciones.

Y calidad, inculcando a nuestros alumnos la idea de que las cosas se consiguen con dedicación y esfuerzo, que estudiar y aprender tiene un mérito que siempre está recompensado, reconociendo al profesorado su autoridad y poniendo a su alcance los medios para que puedan desarrollar su labor, mejorando la convivencia en las aulas basándose en el respeto mutuo, consigo mismo y con los demás, convirtiendo las escuelas en referente de conocimiento, estudio y convivencia.

Quizá si la ley de calidad se hubiese aplicado, la educación no habría llegado a su actual estado de deterioro.
No lo sabremos nunca, pero no dejaremos de intentarlo. Tenemos una nueva oportunidad y hay que aprovecharla.