Los beneficios penitenciarios aplicados a terroristas durante los anteriores gobiernos del PSOE y del PP, eran consecuencia de la aplicación del Código Penal vigente en cada uno de los casos y fueron automáticos y se aplicaban independientemente de la gravedad de las penas o la evolución del preso.

Pretender equiparar las excarcelaciones automáticas (por aplicación de la Ley) que tuvieron lugar durante los Gobiernos del PP con la excarcelación política del terrorista De Juana Chaos, es una mentira además de una indignidad.
En los demás casos de excarcelaciones,más de 100 producidas durante el gobierno de Zapatero, al igual que sus predecesores en el Gobierno, no podía hacer nada para impedir la salida de la cárcel de los terroristas ya que venían obligadas por la Ley, al tratarse de condenas por hechos previos a la aprobación de la Ley de Cumplimiento de Penas por Delitos Terroristas, del 2003.
En ningún caso los gobiernos del PP aplicaron beneficios penitenciarios,ni excarcelaciones como consecuencia de una medida de presión, como una huelga de hambre –recuerdese el caso del GRAPO Sevillano, fallecido en huelga de hambre en 1991, con el gobierno de Felipe González- o del chantaje de ETA con Miguel Angel Blanco.

De igual manera ningún beneficio penitenciario se aplicó como fruto de una negociación oculta con la banda terrorista.

Los traslados que se efectuaron con el objetivo de garantizar que los presos se presentaran a juicio, o por otras causas, fueron traslados de las islas,Ceuta o Melilla, a la península. Confundir “traslados” con reagrupamientos” es una más de las falsedades con las que el Partido Socialista intenta manipular
a la opinión pública.

Esta es la decisión tomada por Zapatero, que el PSOE se empeña en
esconder. Ninguna disposición legal le exigía a Zapatero el traslado de De Juan Chaos, en huelga de hambre por su voluntad.

Sólo cuando el PP tuvo mayoría absoluta pudo llevar a efecto la reforma del Código Penal que permite que los terroristas condenados a partir de la misma cumplan íntegramente sus condenas.
Maria Teresa Fernández de la Vega: Secretaria de Estado de Justicia,
aseguraba que no creía en el cumplimiento íntegro de la pena porque
“pretende retroceder 200 años para aplacar los supuestos deseos de
venganza”.